Una jubilada de 66 años, domiciliada en el barrio Fonavi III de la ciudad de Quimilí, departamento Mariano Moreno, puso en venta una camioneta. También utilizó las redes sociales para tal fin. En medio de distintas consultas de potenciales clientes, especialmente por el precio, la mujer recibió un llamado con característica telefónica de Santiago del Estero. Era un hombre, quien se presentó como “Antonio Ferreyra”. El sujeto le manifestó que estaba muy interesado en adquirir el vehículo y le dio las razones. En medio de la charla, el cliente le dijo que quería darle parte del dinero como “seña”, a fin de asegurarse de que no la vendiera a otra persona. Para concretar el anticipo, el interlocutor le pidió que le brindara una cuenta bancaria y un CBU. La vendedora le dio los datos solicitados, teniendo en cuenta que ella también estaba entusiasmada en vender la camioneta en el precio que le había impuesto, generando un ingreso económico importante para su familia. Aprovechando ese incentivo, posteriormente el potencial comprador se comunicó nuevamente con la mujer y la convenció para que se trasladara hasta un cajero automático y le cediera la clave de home banking. La jubilada cumplió con lo solicitado, aunque posteriormente el hombre volvió a comunicarse; esta vez para pedirle la clave token (que es única y solo el usuario debe tenerla para evitar movimientos financieros sin su autorización) para “completar la transferencia del dinero de la seña”.La última solicitud le llamó la atención a la mujer, quien decidió consultar con su nieta, teniendo en cuenta que no tiene muchos conocimientos bancarios. La joven le dijo a su abuela que no le brindara más información al sujeto y ambas se trasladaron hasta el cajero automático para ver la situación financiera. De esta manera, la mujer comprobó que se había acreditado en su cuenta bancaria un préstamo de $ 100 mil, que evidentemente el “cliente” había concretado con la información que le dio la jubilada, aunque necesitaba la clave token para transferirlo a otra cuenta y extraerlo.La damnificada fue asesorada por empleados bancarios para que realizara la denuncia penal y se cancelara el préstamo que había realizado en su nombre.El Ministerio Público Fiscal ordenó que el Departamento de Delitos Económicos realizara una investigación para identificar al estafador.