Y si hay cocinas de cocaína en la cárcel bajo jurisdicción del gobernador Juan Manzur, es que hay distribución y venta fuera del penal.
Y hay una línea directa entre este penal y La Costanera, el barrio de emergencia más dramático de San Miguel de Tucumán, en una margen del río Salí. Pero este tema habrá que profundizarlo en otra nota.
La comercialización de drogas en el penal tucumano llegó a los medios de comunicación en 2016, cuando el fiscal Pablo Camuña, sobre la base de denuncias y actuaciones instruídas por él, reclamó medidas en determinados horarios y lugares para evitar el voleo de droga hacia el penal: desconocidos arrojaban hacia adentro paquetes con drogas para que fuesen recogidos por las personas que esperaban la carga.
En julio de 2017, a un guardiacárcel le secuestraron 700 gramos de marihuana que intentó ingresar al penal.
En septiembre de 2017, el recluso Francisco Medina denunció en la Justicia que había sido amenazado de muerte por personal del Servicio Penitenciario porque no quería vender la droga que ellos le entregaban. El recluso fue trasladado a la Seccional 7ma., junto con otro recluso que había confirmado sus dichos.
El 19/11/2017, sin autorización, los denunciantes fueron regresados al penal y 3 días después Medina fue asesinado, en el patio, por Alejandro “Pichi” Mendoza.
La fiscal Adriana Giannoni imputó a Guillermo Sneider, por entonces director de Instituto Penales, y a los funcionarios José Cisterna, Walter Patto y Claudio González.
Pero quien apareció en todos los radares fue Roberto Guyot, juez de Ejecución y Sentencia, quien no habría tomado las medidas necesarias para proteger a Medina.
Meses más tarde, los reclusos Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma denunciaron torturas porque se habían negado a comercializar las sustancias que les habrían entregado los guardiacárceles.
El fiscal Camuña confirmó la versión con estudios médicos y el juez federal Daniel Bejas ordenó que sean protegidos, pero todo empeorò. “Desde ese día viven un infierno. Todo el tiempo lo están castigando y ‘verdugueando’ por lo que dijeron. Ahora, que se descubrió todo esto, las autoridades saben que no mentían. Espero que hagan algo”, reveló la madre de Ledesma.
Más tarde, un empleado del Taller de Panadería fue sorprendido cuando llevaba ocultos envoltorios, con 2.000 pastillas para venderlas entre reclusos a $200 por 2 unidades.
Mediocre para explicar lo inexplicable, el director general de Instituto Penales, Félix Concha, consideró que la situación estaba bajo control.
Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, tampoco exhibió creatividad: lo más importante era que el empleado había sido descubierto por sus propios compañeros.
Luego, un empleado del penal de Villa Urquiza fue descubierto cuando intentaba ingresar a la cárcel 2.000 pastillas para, supuestamente, comercializarlas entre los internos.
Roberto Guyot
Pero carece de sentido detenerse en los 'perejiles'. El mencionado juez Guyot es un coprotagonista del escándalo.
Es fuerte la denuncia de que un juez, Roberto Guyot, organiza bandas de narcotráfico con presos de la provincia, y Carlos Pagni llevó el tema a su programa Odisea Argentina, luego de que lo mencionara Francisco Olivera, por +La Nación, al igual que Marcelo Bonelli lo había difundido por Radio Mitre.
Edmundo Jesús Jiménez, procurador, o sea el jefe del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Tucumán, es quien incorporó a Guyot, por entonces en el servicio penitenciario.
Superando todas las denuncias, Guyot ha logrado permanecer y ascender, aparentemente por protección de Jiménez.
Ledesma, patrocinado por el abogado Gustavo Morales, y otros de sus compañeros de la cárcel, coincidieron al involucrar al juez de Ejecución, Roberto Guyot. Lo señalaron como uno de los responsables de las agresiones y amenazas. El magistrado, sin embargo, negó las incriminaciones.
Morales acaba de aportar documentación ante la juez federal María Servini y el fiscal federal Guillermo Marijuan, en base a que la droga 'cocinada' en el penal de Tucumán termina su recorrido en las cárceles federales del Area Metropolitana de Buenos Aires.
Ante el fiscal Camuña, Ledesma aseguró que el juez Guyot lo había amenazado diciéndole que si seguía denunciándolo, aparecería “suicidado”.
El juez le dijo al diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán,que efectivamente había mantenido una entrevista con Ledesma, pero aclaró que había concurrido con testigos y había filmado el encuentro para evitar acusaciones falsas en su contra.
Y que se había presentado en forma espontánea ante la Corte Suprema de Justicia provincial y la Justicia Federal para dejar una copia de la filmación realizada.
Ledesma insistió que nunca le preguntaron si autorizaba a que se la grabara sin su abogado presente, que nunca hubo equipos de filmación presentes, por lo que la grabación fue con un teléfono celular.
“Eso es lisa y llanamente delito. A la actitud desleal de no permitir que su abogado pretenda estar en ese acto, se debe agregar que filmó clandestinamente una especie de declaración. Eso es totalmente ilegal y está penado por la Ley”, explicó Gustavo Morales, abogado de Ledesma.
Guyot sigue en funciones.
Carina Assad
Sin embargo, la trama es más compleja, y aparece otro nombre: la ingeniera civil Carina Assad, quien fue susecretaria de Asuntos Penitenciarios, incorporada en su momento por Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia, mano derecha de Manzur.
En aquel 2016 ella fue subdirectora de Capacitación de Trajos Estacionales de la Dirección de Planes y Programas Especiales de Trabajo. Entonces, ella inició el ascenso.
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Dicen que Amado y Assad se conocían de la localidad Monteros, a unos 40 Km. de la capital provincial.
En Villa Urquiza se mezclan los rumores con los mitos sobre Assad. ¿Verdadero o Falso que ella llegó a tener un amplio despacho en suite para utilizar cuando visitaba el penal?
Lo cierto es que ella, acorralada por las denunciasen su contra por presunto tráfico de estupefacientes, presentó su renuncia en junio 2019.
Sin duda, una baja sensible para Claudio Maley, el ministro de Seguridad, comandante mayor de Gendarmería Nacional ya retirado, por entonces su protector, según comentarios.
En aquella ocasión sucedió algo inexplicable: la renuncia fue aceptada por el gobernador Manzur, quien en el texto respectivo, incorporó un artículo 2, de explícito agradecimiento a Assad "por sus servicios prestados a la provincia".
> ¿Impunidad?
> ¿Un mensaje de Manzur a quienes investigaban a Assad, que se las tendrían que ver con él?
En cualquier caso, insólito: ella se marcha bajo un alud de denuncias, y el gobernador le agradece los servicios prestados.
La más grave fue la denuncia que realizó la jueza de Ejecución y Sentencia, Alicia Merched, por el ingreso de drogas en el penal de Concepción.
Merched identificó varias irregularidades. Por ejemplo, había denunciado ante el fiscal federal I, Carlos Brito, que personal de Institutos Penales habría ingresado unas 5.000 pastillas, y que un informante del penal (luego trasladado por haber brindado el dato) le avisó que un par de reclusos estaban contabilizando las dosis en un taller que debía estar cerrado.
Los presos fueron obligados a realizar esa tarea por parte de un guardiacárcel de apellido Zelaya. Los fines de semana el galpón permanecía cerrado pero había sido abierto por orden de la subsecretaria de Servicios Penitenciarios, Carina Assad.
La funcionaria reconoció que ella había dado esa orden, pero dijo que sólo para que se hiciera una puerta que se necesitaba para un consultorio que no se abriría hasta el lunes siguiente.
La funcionaria estimó además que las drogas podrían haber ingresado al penal, arrojadas desde el exterior al interior de la cárcel.
Merched le pidió a las autoridades que le enviaran un informe con los nombres de todo el personal que estaba de guardia el día en el que se encontraron las pastillas, pero nunca se lo contestaron.
Luego, ella insistió con un nuevo oficio, pero tampoco logró con su cometido.
“Entonces, ella decidió realizar la denuncia en la Justicia Federal”, destacó un allegado a la magistrada.
Y destacó que Assad prohibió el ingreso al penal de una especialista en adicciones para intentar rehabilitar a los presos.
A los miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial, Merched les habría dicho que Maley estaba al tanto de todo lo sucedido.
Entonces, ¿cómo es que Assad ha continuado percibiendo hasta el presente remuneración del ministerio a cargo de Merched?
En la justicia ordinaria, la fiscal Mariana Rivadeneira tiene los expedientes donde la funcionaria aparecería como una de las responsables de los apremios que sufrieron los internos en el penal de Villa Urquiza.
Varios presos la señalaron como responsable de los golpes que sufrieron por haberse negado a vender sustancias en las unidades.
La funcionaria también mantuvo un entredicho mediante escritos con el fiscal federal II, Pablo Camuña, y el juez federal II, Daniel Bejas, por no haberle otorgado las medidas de protección a Gonzalo Giri y a Atanacio Ledesma, los reos que denunciaron haber sido torturados por haberse negado a vender drogas que les entregaban los guardiacárceles.
Es más: dicen en San Miguel que días atrás ella lo acompañó al ministro Maley a una entrevista en el programa "Los Primeros", de la TV tucumana.
En verdad, las pericias y allanamientos demostraron que tanto en la Panadería como en la Carpintería del penal se guardaban narcóticos.
En la Panadería, cocaína, mezclada entre la harina almacenada, pero también pasta base. En esa circunstancia se confirmó la existencia de una 'cocina' dentro del penal.
Si bien un testimonio mencionó que el comercio doméstico era voluminoso ($400.000 por visita de familiares, y son 4 visitas semanas), había un comercio fuera de los muros del penal.
De acuerdo al diario La Gaceta, Assad le envió un mensaje a Merched: “La verdad, Alicia, no pensé que tu odio llegara a tanto. Ya presenté mi renuncia. Dios te bendiga y llene tu vida y la de tu familia de paz y salud”.
En la justicia ordinaria, la fiscala Mariana Rivadeneira tiene los expedientes donde la funcionaria aparecería como una de las responsables de los apremios que sufrieron los internos en el penal de Villa Urquiza.
Y hay escuchas judiciales en poder de la Fiscalía. Pero el gobernador Manzur permanece impasible.
El relato
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura tucumana, Marco Caponio, afirmó: “El narcomenudeo está destruyendo la sociedad, es una lucha que hay que dar. Hay un poder que está mudo, porque el Poder Judicial no dijo nada, no emitió sentencia en cinco años sobre la norma que estaba vigente. Ante esta inactividad se tomó la decisión política de darle lucha a este flagelo. Los que venden droga tienen que estar en la cárcel”.
Detalló que, de acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal, suman 15.000 las causas pendientes de juicio en el fuero penal. “El problema es que los jueces penales no dictan sentencia. El problema está en la Justicia. Es necesaria una reforma profunda. Hoy la persona que vende droga no tiene sanción en Tucumán. El principal cambio tiene que estar en el Poder Judicial, donde tiene que haber jueces comprometidos que dicten sentencia”, insistió por TV.
Pero abunda el escepticismo más allá del maquillaje instrumental buscado por Manzur.
Lo explicó Roberto Delgado, en La Gaceta, explicando 5 motivos, de los cuales aquí se reproducen 2:
"Es muy poco probable que esta norma sea efectiva, por cinco motivos:
1. Respuesta populista
La proliferación de los “quiosquitos” de venta de drogas en los barrios vulnerables –hay más de 220 barriadas pobrísimas- ha derivado en el aumento, nunca medido, de adictos y de la formación de estructuras de compraventa. Estas se sustentan en “soldaditos” que, al servicio de los transas, se ocupan del trasiego de droga y de dinero. Esos grupos –también llamados “clanes” y que la Policía y la Justicia Federal han identificado (el año pasado decían que había unos 22) son estructuras familiares violentas que han encontrado en el negocio del narcomenudeo una forma de vida más redituable que los robos y asaltos. Los cambios notorios detectados por la Policía y la Justicia (nunca bien mensurados) en la compraventa de drogas han derivado en los reclamos vecinales de que se haga algo contra esa actividad que, según esta lógica, es la verdadera responsable de la violencia. Lo cual habría que probarlo. A esto han contribuido las apreciaciones de algunos fiscales que en los últimos años señalaban que un alto porcentaje de los detenidos eran consumidores de drogas. Y en tiempos recientes, el Ministerio Público Fiscal advirtió que en diferentes allanamientos por diversos delitos se encontraba casi siempre droga. Con esto se llegó a la presunción de que la droga es la raíz de todos los males. De ahí la frase del legislador Javier Pucharras (PJ) de que “los que trafican muerte se van a tener que preocupar” y la aseveración del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de que ahora van a “patear puertas” de los narcos.
2. Los “casos controvertidos”
El ministro Fiscal planteó hace unos días sus dudas: “es difícil dividir un delito”, dijo. Esto es, determinar cuándo se trata de tráfico menudo de sustancias y cuándo es de gran escala. ¿Hasta un kilo? ¿Hasta 10? Eso va a determinar que los policías tucumanos –o los nuevos fiscales y jueces- tengan que definir la competencia en el momento. La experiencia en los 14 años de vigencia de la ley nacional que propone la provincialización del narcomenudeo muestra que esto no se ha resuelto. El fiscal federal Pablo Camuña señaló que el principal punto ciego de este asunto son las “zonas grises” entre una organización narcocriminal internacional y un quiosco que vende dosis para consumo. Ese problema de dividir un delito es lo que motivó que pocas provincias adhirieran a la ley nacional: Buenos Aires (desde 2005), Córdoba (desde 2012), Salta, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Tucumán insiste con su propuesta de 2014. “ Yo creo que es lo mismo que en 2014. No puedo hacer objeción porque la ley no está promulgada”, dice Jiménez. “Es una situación complicada desde lo legal porque hay una resolución de la Corte tucumana por la cual se suspendía la aplicación de la ley contra el narcomenudeo y ahora hay una insistencia legislativa. Hay que mirar bien”, agrega. (...)".
Todo esto sucede en la provincia que gestiona Manzur, donde en el penal bajo jurisdicciòn de la Gobernación, se 'cocina' cocaína. Debería prestarle un poco más de atención.