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A medida que aumentan el consumo y la producción de dispositivos electrónicos, también lo hacen los residuos con todos aquellos que se rompen o se quedan obsoletos. El tradicional cajón de los cables y los cargadores que hay en cada casa se convierte en un mueble de dimensiones descomunales a nivel mundial. Hace unas semanas, con motivo del Día Internacional de los Residuos Electrónicos, el Foro WEEE hacía una estimación: cuando termine 2021 se habrán generado 57,4 millones de toneladas métricas de basura electrónica en todo el mundo. Es decir, el equivalente a casi 5.700 torres Eiffel.
Esta cantidad crece a razón de aproximadamente dos millones de toneladas al año, por lo que se estima que en 2030 podría estar en el entorno de los 75 millones. El problema es que el porcentaje de esta basura que no se recicla -por desconocimiento o acumulación- todavía es muy alto. Según datos del Monitor Global de Residuos Electrónicos, en los hogares europeos hay una media de 11 dispositivos que no se utilizan.
En España, la resolución de la Dirección general de calidad y evaluación ambiental que regula los objetivos mínimos de recogida por parte de los productores establecía, por ejemplo, que en 2021 deberían recibir 29,2 millones de kilos de pantallas, 3,2 millones de lámparas o 66,9 millones de pequeños aparatos eléctricos (es decir, de dimensiones inferiores a los 50 centímetros). Grandes aparatos (184,3 millones) y pequeños aparatos de informática y telecomunicación (el apartado que engloba teléfonos y tabletas, 17,7 millones) también tienen unos objetivos ambiciosos que permiten hacerse una idea de la cantidad de basura electrónica que se genera en el país.
En lo que respecta a los cargadores, el gasto anual está por encima de los 2.400 millones de euros y los desechos relacionados con el componente equivaldrían algo más de una de las torres parisinas; 11.000 toneladas por las 10.100 del monumento.
Una respuesta parcial a esta maraña mundial de cables es la propuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager y el comisario Thierry Breton para que en un plazo de tres o cuatro años haya un cargador estándar para los pequeños dispositivos electrónicos, independientemente de su marca, función o sistema operativo. De llegar a buen puerto, el ya considerablemente omnipresente USB-C -el cargador que utilizan la mayoría de teléfonos Android- se convertiría en el 'oficial'. Esto, además, permitiría a los fabricantes ahorrarse transformadores o el propio cable, dado que se daría por hecho que el cliente tendría uno en casa.
"La noticia es positiva", valora Rafael Serrano, director de comunicación de Ecolec. "Todo aquello que sea uniformar un accesorio imprescindible para poder hacer funcionar un teléfono móvil nos parece fundamental", apunta. El motivo, de nuevo, es el cajón: "Facilita que no se llenen de cargadores con los que tampoco sabemos muy bien qué hacer y pasan ahí años y años".
Según explica Serrano, actualmente en España se ponen aproximadamente 700 millones de kilos de producto doméstico en el mercado (unos 1.000 millones si se tiene en cuenta también el entorno profesional). De ellos, se recicla entre el 55 y el 60 "a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP), que es donde están aglutinados los diferentes fabricantes inscritos en el registro del Ministerio de Industria". El mínimo legal que marca la normativa española es de un 65%, así que estaríamos cerca, pero "faltaría ese pequeño paso".
En este sentido, el directivo considera que en España "existe concienciación" desde el punto de vista social. "Otra cosa es que sea más fácil dejar el microondas en el conjunto de las islas de diferentes residuos y creer en la buena fe del propio sistema y que el camión de basura lo llevará donde corresponda", arguye. Es decir, aunque el ciudadano sepa lo que debe hacer en teoría, no siempre lo tiene fácil en la práctica. "Si ponemos muchos impedimentos, la gente se desincentiva", resume, "pero separaría conciencia medioambiental, que creo que sí tenemos como ciudadanos, de las facilidades que necesitamos para poder hacer una correcta gestión de los residuos".
Por otro lado, explica, falta información. "Ya han pasado más de 15 años desde la aplicación normativa y la gente no sabe que puedes acudir a un punto de venta de electrodomésticos y tiene la obligación de quedarse con el usado cuando compras uno nuevo", argumenta Serrano, que también recuerda que esa gestión corre a cuenta del distribuidor.
El último informe de WEEE, con datos correspondientes al año 2019, detalla algunas de las características del país. Según sus datos, hay una tasa de recolección de residuos electrónicos del 34%, lo que equivale a 5,8 kilos por habitante, 10,3 por debajo de lo necesario para alcanzar el objetivo del 85%.
Uno de los principales motivos de esta tasa tan baja, explica el documento, es que "grandes cantidades" de estos residuos son gestionadas por chatarreros (0,9 kilos por habitante) y por el desconocimiento (causante de la aparición de un kilo de productos electrónicos por habitante en la basura corriente).
En cualquier caso, la organización valora que la recolección de residuos electrónicos "ha aumentado consistentemente en los últimos años". Un factor que podría explicarlo es el fin de la crisis económica de 2012, que aumentó el número de dispositivos en el mercado y su grado de sustitución.
Recursos perdidos
A esto hay que unir algo tan humano como el resistirse a dar por muerto un dispositivo electrónico, lo que hace que el cajón sea al mismo tiempo cementerio y refugio. "Ese 'por si acaso se rompe lo nuevo guardo lo viejo' está presente en la población más adulta, también porque ha vivido otras épocas y circunstancias", detalla Serrano.
Al menos, desde el año 2005 (con la transposición de las directivas comunitarias de unos años antes), tanto la acumulación como la ausencia de reciclaje no tienen unas consecuencias tan nocivas -sin dejar de ser negativos- ya que se prohibieron muchos materiales altamente contaminantes o directamente peligrosos. El cadmio, por ejemplo, ya no está presente, aunque sigue habiendo metales pesados.
"Lo veo siempre con un matiz positivo: prefiero hablar de recursos que se pierden"", explica Serrano. "Cobre, aluminio, hierro o plásticos que se podrían introducir otra vez en el proceso productivo para no tener que recurrir al petróleo y activar un proceso de fabricación desde la materia prima", resume.
WEEE contextualiza esta pérdida de recursos: por cada millón de teléfonos que no se recicla se pierde la posibilidad de recuperar 16.000 kilos de cobre, 350 kilos de plata, 24 kilos de oro y 14 kilos de paladio. "Los residuos electrónicos son una auténtica 'mina urbana'", comparan. Y, además, se trata de una más rica, pues hay 100 veces más oro en una tonelada de teléfonos que en una tonelada de mena de este metal.
De todos modos, Serrano cree que el componente humano -"nuestra forma de ser y esa tendencia que llevamos dentro de acaparar" -hará que sea difícil alcanzar el 100% de productos reciclados: "Quizás será más pequeño, pero no creo que ese cajón desaparezca".
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