El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile fue “el invitado especial” en la Segunda Reunión Plenaria de Expertos que organiza la Asociación Global sobre Inteligencia Artificial (GPAI) que reúne a 18 países de la Unión Europea y cuyo objetivo es “cerrar la brecha entre la teoría y la práctica de la IA”.
El encuentro se realiza en Paris, (11 y 12 de noviembre), cuenta con la participación de personalidades de reconocimiento mundial en el tema y además estuvo presente el presidente de Francia Emmanuel Macron.
El senador Girardi expuso, al mediodía de este jueves, la experiencia legislativa chilena pionera en crear y proteger los neuroderechos, así como regular las neurotecnologías y las plataformas digitales.
Riesgos
El parlamentario chileno explicó que conoció al neurobiólogo Rafael Yuste -coordinador del proyecto Brian para desentrañar el cableado del cerebro humano- como expositor de un Congreso Futuro y que él “nos alertó de los riesgos asociados a las neurotecnologías como que ya podían leer directamente en los cerebros las emociones, los pensamientos y el inconsciente”.
Agregó que “la urgencia de establecer los neuro derechos se debe a que, en el siglo XXI, el combustible que determinará la geopolítica -como el petróleo en el siglo XX- son los datos. Los motores que mueven la economía y la sociedad son los algoritmos y se desarrollan a partir de los datos y del conocimiento del cableado del cerebro humano”.
“Quien controle la inteligencia artificial tendrá un poder político, económico, social, cultural y militar incontrarrestable. La disputa geopolítica del siglo XXI es por el control de los datos, de la IA y la hegemonía del ciberespacio”.
Nuevo marco normativo
Dijo que “por ello junto a la Academia de Ciencias de Chile, las universidades de mí país y Rafael Yuste nos planteamos el desafío de actualizar el marco normativo al siglo XXI con una reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, para establecer el desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas”.
Explicó que la iniciativa “asocia la actividad cerebral y la información proveniente de ella, a la integridad física y psíquica de la persona como derecho (…) permite establecer restricciones para la protección de la actividad cerebral (…) en el marco de un derecho fundamental y bajo el principio de supremacía constitucional, que obliga al resto de la normativa a ajustarse a dichos preceptos y, a los operadores, a garantizar su cumplimiento para mantener el Estado de Derecho”.
También se refirió al proyecto que regula las neurotecnologías “establece que el sometimiento a cualquier uso de neurotecnologías debe ser consentido y define requisitos especiales para determinar su existencia: ser libre, previo, informado y constatar de manera expresa, explícita y específica”.
Así como a las plataformas digitales, “la ley consagra el deber de neutralidad de las plataformas como norma general y garantiza la libertad de expresión de sus usuarios, estableciendo como límite la lesión de derechos ajenos. Como regla excepcional reconoce la capacidad de edición del contenido, casos en que hace responsable a la plataforma”.