Nuevas normas tratadas en ALP perforan institucionalidad del país

Las nuevas normas en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), entre las que se encuentra la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el paso de Fundempresa a la administración del Estado, son cuestionadas por sectores de la oposición, porque en su opinión perforan la institucionalidad del país y buscan un control total sobre las instituciones.En las últimas horas, diferentes sectores se sumaron a los cuestionamientos de los frentes de la oposición, que consideran que las leyes en tratamiento en instancias legislativas atentan contra la institucionalidad, vulneran la libertad de expresión, el derecho a la asociación y la libertad económica, entre otros.En opinión del analista Williams Bascopé, este conjunto de normas se constituyen en nuevas vulneraciones que perforan la institucionalidad del Estado, pues pasa por alto el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el ordenamiento jurídico del país.“La institucionalidad del país está más que perforada. La Institucionalidad establece que todas las instituciones públicas deben someterse a la Constitución, pero lamentablemente las instituciones actualmente ni se someten y se pasan por encima de la Constitución”, manifestó.En el caso de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias –dijo– está orientada para que el sector público o privado, se exponga a una vulneración de su secreto bancario, para dejarlo en manos de un consejo, conformado por los ministerios de Gobierno, Defensa, Economía, Relaciones Exteriores, Presidencia, además de la Procuraduría y Fiscalía, que controlará esta información, lo cual puede afectar el patrimonio de los ciudadanos. En ese entendido, “la institucionalidad debería ser sujeta a la Constitución, lo que no pasa en Bolivia”, indicó.El analista cuestionó, además, que la norma esté mal redactada y presente términos ambiguos y conceptos genéricos, que no son saludables para los postulados de la Constitución. “Así como está, esta ley va traer problemas de interpretación, de aplicación, está abierta a la arbitrariedad y al abuso”, afirmó.Bascopé detalló que el cuestionado proyecto de ley debe precisar los sujetos de investigación y las razones por las que se levantaría el secreto, en el ejercicio de una profesión.Por su parte, Luis Laredo, presidente de los empresarios privados de Cochabamba, durante una entrevista televisiva expresó su preocupación por el tratamiento de estas normas y señaló que se intenta tomar el control de todo el circuito de registros e investigación.En el caso del registro de empresas, indicó que hace 20 años el Estado estaba a cargo, pero había una mala administración, por lo que se teme que esta situación se repita en la actualidad.“Lo que más nos preocupa es la aprobación de diferentes tipos de leyes que lamentablemente buscan cerrar un circuito para tener un control total en los sistemas de información, con fines investigativos”, manifestó.A lo largo de la pasada jornada, los frentes de oposición en la Asamblea Legislativa, expresaron su desacuerdo ante los intentos de aprobar las polémicas normativas, señalando que atentan contra la ciudadanía.La bancada de Creemos emitió un comunicado, en el que esta organización política expresa preocupación ante la cantidad de normas que se vienen tratando en la Asamblea Legislativa, con la finalidad de perseguir y violar los derechos de los ciudadanos, respecto a la libertad de expresión, asociación y privacidad.Por su parte, Comunidad Ciudadana emitió un pronunciamiento que detalla siete puntos respecto del proyecto de ley contra ganancias ilícitas, que señalan que esta norma se convertirá en pieza fundamental para la construcción de un “Estado policiaco”.Entretanto que la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, manifestó que el Proyecto de Ley “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, responde a la necesidad de contar con un instrumento jurídico unificado, ordenado y actualizado en materia del delito de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el cual está regulada por diferentes leyes.