Ricardo Contreras confiaba en que si abandonaba Honduras y se mudaba a España se abriría un futuro tranquilo y esperanzador para él, su mujer, pero, sobre todo, para su hija de un año. Convencido, el matrimonio vendió su casa, el coche, sacó todos sus ahorros del banco y, en diciembre de 2019, tomó un avión hacia Barajas con la niña en brazos. Dejaban atrás unos trabajos razonables como teleoperadores y a sus parientes, pero también la inseguridad, las amenazas de las pandillas y un sistema de salud precario. La aventura, sin embargo, no salió bien y los Contreras vivieron más de un año en precario en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La pandemia desafió todas sus aspiraciones y encontrar trabajo fue una odisea. Cuando lo encontraban, en la obra o cuidando ancianos, les explotaban. Se sintieron, además, rechazados. Mientras, veían cómo sus ahorros de toda una vida se esfumaban en un proyecto que no iba a ninguna parte. “Fue una experiencia pésima”, recuerda Ricardo, de 27 años. En febrero de 2021, el matrimonio tomó la segunda decisión más importante de sus vidas: regresar.
Las últimas estadísticas de población del INE revelan una importante salida de extranjeros que no se veía desde 2013, cuando las consecuencias de la crisis económica aún expulsaban entre 300.000 y 400.000 inmigrantes por año. Según las últimas cifras oficiales, 164.794 extranjeros abandonaron España en el primer semestre de 2021. Casi tantos como se instalaron, cuando estos, desde hace años, suelen estar muy por encima. La mayoría de los que se marcharon eran de la Unión Europea, sobre todo rumanos (con 27.301 salidas), seguidos muy de cerca por los latinoamericanos, entre los que destacan los colombianos (8.601). Es importante también el número de marroquíes (17.316). Hay un dato curioso: más de una cuarta parte de los inmigrantes que se marcharon habían llegado a España en 2018.
No hay una única razón que explique por qué el número de extranjeros que decide renunciar a su proyecto migratorio ha crecido tanto este año, pero la pandemia y la crisis económica que ha traído consigo han tenido un impacto demoledor, sobre todo para buscar empleo, según las organizaciones que se dedican a facilitar los retornos voluntarios de inmigrantes a sus países de origen. En el caso de los latinoamericanos, que en los últimos años han disparado las solicitudes de asilo en España, ha influido además el torrente de denegaciones que enfrentan. Al llegar, su petición de asilo les garantiza un permiso de residencia temporal y pueden trabajar a los seis meses mientras se resuelve su expediente, pero en el momento en el que se rechaza su demanda se quedan en situación irregular de la noche a la mañana.
La familia Contreras no se prodiga mucho en sus redes sociales, pero en todas sus fotos en España parecen contentos. Era su fachada. Él, cuando llegaron, trabajó en la construcción un par de semanas y tardaron tres meses en pagarle menos de lo que debían. Más tarde encontró empleo en la cocina de un restaurante, pero entonces llegó la pandemia, el local cerró y ya no consiguió más trabajo. Su mujer empezó cuidando a una anciana de ocho de la mañana a ocho de la noche. “Le pagaban 400 euros. Básicamente ganaba para pagar el alquiler. No nos daba”, recuerda su marido desde Honduras. La mujer dejó ese trabajo porque consiguió otro mejor: limpiar una casa por 700 euros. Se estaban fundiendo los ahorros con tal de no depender de la caridad. “Nuestra vida era buscar y buscar y entregar currículos por todos los lados”, explica.
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La familia, además, no se sintió bien tratada. “Claro que hubo gente buena que nos ayudó, pero en más de una ocasión, en el parque, en la calle o en el supermercado, nos miraron mal o nos dijeron que nos fuésemos a nuestro país”, lamenta Ricardo. “Después de intentarlo e intentarlo, dando lo mejor de uno, siendo amable y todo, no pudimos más. No queríamos vivir de regalado, no nos gustaba pedir”. Los Contreras se marcharon sin saber siquiera si su solicitud de asilo se aprobaría. “Fue difícil, pero fue la mejor decisión, ahora hemos encontrado nuevas oportunidades acá”.
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La ONG Red Acoge es una de las 11 entidades que reciben subvenciones públicas para ayudar a los inmigrantes a retornar a su país. La mayoría de los extranjeros se marcha por su cuenta, pero los que tocan a la puerta de estas organizaciones son los que no pueden más, los que ni siquiera tienen cómo pagar un billete de vuelta. Vega Velasco, coordinadora del proyecto de retorno voluntario de esta ONG, traza el perfil de los últimos inmigrantes a los que han atendido. “Estamos identificando casos de personas cada vez más vulnerables, no solo porque no tienen medios para costearse sus necesidades básicas y dependen de ayudas, sino porque también se trata de personas con enfermedades graves, en situación de calle o mujeres solas con niños cuya situación se ha agravado por la pandemia”. Según Velasco cada vez hay más personas de Centroamérica, un perfil muy numeroso entre los solicitantes de asilo. “Ha habido muchas solicitudes denegadas que han dejado a miles de personas sin documentación”, explica. “Venían con unas expectativas muy altas y al llegar aquí han visto lo difícil que es encontrar un trabajo o una vivienda sin papeles”.
Jean Carlos Romero, de 27 años, se desdoblaba en Nicaragua, para terminar la carrera de Economía por la noche y cumplir con su jornada en una agencia aduanera durante el día. Corría 2018 y la situación política y económica en su país se agravaba a pasos largos. “Siempre vi el emigrar a España como una oportunidad de oro para estudiar y trabajar”, cuenta por videollamada. El joven aterrizó en una posada de Bilbao un 22 de octubre de 2018 con 1.000 dólares en el bolsillo y “demasiada inocencia”. Vivió la mayor parte del tiempo en A Coruña, estaba ilusionado y le impactaba muchísimo poder andar por la calle de noche sin miedo a ser asaltado, pero pronto empezaron los problemas.
El joven quiso retomar los estudios, pero no tenía el dinero que costaba hacer los trámites en su país ni pagar la matrícula aquí. Tuvo además poca fortuna con el trabajo. “Conseguí algunos empleos pequeños pintando, limpiando pescado en el puerto y en un restaurante”, recuerda. Ganaba entre seis y 7,5 euros la hora. Y, entonces, llegó el virus y tuvo que encerrarse. “Con la pandemia me sentía mucho peor, porque antes, al menos, podía buscar trabajo. Fue muy frustrante pasar tanto tiempo sin hacer nada”, recuerda.
Superado el confinamiento, Romero no volvió a encontrar empleo. Tenía una ayuda municipal para pagarse una habitación pero se acabó y en octubre de 2020 le denegaron el asilo. Eso y ver cómo sus compañeros de clase colgaban sus fotos de las fiestas de fin de carrera le remató. Tardó pocos días en tomar la decisión, aunque tuvo que pedir ayuda a Red Acoge para costear su vuelta. “Fue muy duro pasar a depender de la gente”, lamenta. El joven volvió a casa de su abuela en Nicaragua el pasado 25 de enero y ya ha retomado sus estudios y un nuevo trabajo. Está contento, aunque inquieto con la incertidumbre que se vive en su país. Su experiencia, se consuela, le sirvió, al menos, de aprendizaje. “Me ilusioné con una idea y luego me di cuenta de que era muy difícil”, lamenta. No descarta volver a buscar suerte fuera de su país, pero no así. Y no en España. “Mi error más grande fue no haberme informado mejor”.