Cancún.- Un abogado de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) fue denunciado ante la propia institución, por incurrir en violencia psicológica, emocional y digital en agravio de su expareja, a quien mantiene amenazada con publicar fotos íntimas, tomadas sin su consentimiento, “levantarla” y encarcelarla, fincándole falsos delitos.
Bajo el acompañamiento de colectivas feministas, la joven hizo público su testimonio y exigió la intervención de las autoridades para detener y llevar a juicio al funcionario público, quien la hostiga y amenaza con hacer uso de su poder institucional para perjudicarla y dañar su imagen.
Soledad M. relató que conoció a Javier Almeida Montúfar a través de las redes sociales. Él se presentó diciendo que era abogado y empleado en la FGE en Chetumal, capital de Quintana Roo.
Luego de comenzar una relación sentimental, en marzo pasado, el servidor público comenzó a ejercer violencia psicológica y emocional en agravio de la joven, quien dio por terminada la relación, pero él comenzó a amenazarla con hacer públicas fotos íntimas, que le tomó sin su consentimiento.
Las amenazas incluyeron hacerle daño a su familia e incluso a una pareja anterior, además de “darle un levantón”, es decir, privarla ilegalmente de la libertad y enviarla al Centro de Readaptación Social (Cereso), acusada de delitos falsos.
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La joven denunció a Almeida Montufar, en mayo pasado, lo cual dio pie a la apertura de la carpeta de investigación FGE/QROO/OPB/05/2260/2021.
Durante este proceso, Soledad se enteró que no es la primera víctima que denuncia al servidor público.
“Vivo en constante estrés y miedo de que el cumpla alguna de sus amenazas que me ha dicho. He llegado al grado de pensar en el suicidio, por miedo de que le pase algo a mi familia ‘por mi culpa’.
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— Chad Wright Wed Nov 05 14:21:44 +0000 2008
“Cuando puse mi denuncia ante la Fiscalía General de Quintana Roo me entero que no soy la primera mujer que ha puesto una denuncia en contra de este agresor; ya hay otras demandas y aún está persona no paga por sus acciones”, dijo.
A partir del nueve de septiembre del 2020 entraron en vigor las modificaciones que reconocen como delitos penales la Violencia Política de Género contra las Mujeres y la Violencia Digital, esta última conocida como “Ley Olimpia”.
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De acuerdo con el Código Penal, incurre en Violencia digital quien “difunda, revele, publique, comparta o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, de naturaleza sexual o erótica de otra persona, mayor de edad, sin su consentimiento, a través de cualquier tecnología de la información y comunicación o por cualquier medio digital o impreso.
La pena impuesta a la persona responsable va de los cuatro a los ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa.
“Las penas y sanciones aumentan hasta una mitad más, cuando la persona responsable sea cónyuge, mantenga una relación de concubinato o haya mantenido una relación afectiva o de confianza con la víctima, aún sin convivencia”, como es el caso.
La Colectiva Xtabay llamó a la institución a proceder de inmediato y recordó que está obligada a contratar personal especializado con perspectiva de género que pueda encuadrar las conductas en el tipo penal descrito en el Código Penal de Quintana Roo y, ante el inminente peligro que corre la víctima, dictar las medidas de protección para resguardar su seguridad e integridad personal.
También exhortó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo) a cumplir con brindar a la víctima del delito asesoría jurídica para que acceda a sus derechos y para que reciba atención médica y psicológica gratuita de forma inmediata.
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